La iniciativa, que fue firmada hoy por la Presidenta Bachelet, aumenta las penas para delitos de colusión incluyendo sanciones penales, otorga más facultades a la Fiscalía Nacional Económica y considera un control preventivo de las fusiones y adquisiciones.
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, participó esta mañana en la ceremonia de firma del proyecto que fortalece el Sistema de Defensa de la Libre Competencia, actividad encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet y en la que también participaron los titulares de Hacienda, Alberto Arenas, y Justicia, José Antonio Gómez.
En la ocasión, la Mandataria afirmó que “el sentido del proyecto que hoy enviamos es promover la libre competencia, a través de una institucionalidad mejor, más transparente, que perfecciona los mecanismos de control de fusiones y que establece sanciones eficaces contra la colusión”. Agregó que con este proyecto de ley “queremos poner fin a los casos de colusión, como los que hemos conocido en las farmacias o los pollos. Porque la colusión es un hecho inaceptable bajo todo punto de vista”.
Por su parte, el Ministro de Economía indicó que la libre competencia es fundamental para asegurar que los mercados funcionen de buena forma y también para que los consumidores se vean beneficiados por la operación de los mercados. La autoridad destacó que el nuevo marco legal aumenta de manera significativa los montos máximos de multas en caso de colusión. “Lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es establecer límites a las multas que son sustancialmente superiores a lo que hoy existen: las multas máximas van a ser de hasta el doble del beneficio económico obtenido o hasta el 30% de las ventas que se generaron durante el período de la colusión, de forma tal de que aquellos que se quieren coludir tengan que enfrentar una multa o sanción significativa, para disuadir las conductas anticompetitivas”, explicó el Ministro Céspedes.
Asimismo, añadió que el texto incluye la sanción penal en los casos de colusión “de forma tal de que aquellos ejecutivos que participan en casos de colusión, que participan en estos casos que afectan directamente a los consumidores, a los ciudadanos a la fe pública y al funcionamiento de los mercados, reciban una sanción ejemplificadora. La sanción va de 5 años y un día y hasta 10 años para aquellos que participen en colusión.”
En cuanto a las operaciones de fusión, el proyecto de ley genera un nuevo procedimiento en que las empresas que superan ciertos umbrales en términos de ventas, informen obligatoriamente estas operaciones a la Fiscalía Nacional Económica. “Hoy el régimen que tenemos en Chile es más bien voluntario y tal como lo ha señalado la OCDE en sus estudios, es un sistema con poca predictibilidad, poco transparente, y no entrega las certezas jurídicas necesarias a las empresas que están realizando las fusión”. Por eso, destacó que esta nueva institucionalidad “genera un marco claro, transparente y que genera la certeza jurídica para quienes participan en las operaciones y que al mismo tiempo vele irrestrictamente por la competencia en nuestros mercados”.
Asimismo, el texto legal incluye mejoras institucionales y de procedimientos, entre las que destacan: el otorgar a la Fiscalía Nacional Económica la facultad de realizar estudios de mercado, para lo cual podrá recabar información tanto de particulares como de instituciones públicas. Además, establece sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE, con penas de prisión para quienes proporcionen información falsa, incompleta, y multas para aquellos investigados que no respondan o respondan sólo parcialmente a las solicitudes de información efectuadas por la FNE, o para quienes injustificadamente no comparezcan a declarar; y contar con dedicación exclusiva de los ministros titulares del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
