Tras la votación unánime por parte del Senado, se aprobó la nueva ley de cooperativas, quedando lista para su promulgación.
Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley de cooperativas por lo que queda listo para convertirse en ley y ser promulgado.
La iniciativa legal, ingresada al Congreso en enero de 2012, fue actualizada y perfeccionada por la administración de la Presidenta Michelle Bachelet a través del Ministerio de Economía, con una serie de indicaciones que buscan modernizar el sector incluyendo entre otras reformas, una indicación de género para los consejos administrativos, la flexibilización de los requisitos para la constitución de cooperativas y el fortalecimiento de su capacidad de gestión.
La Subsecretaria de Economía, Katia Trusich, -quien lideró por parte del Gobierno la discusión del proyecto de ley- se mostró satisfecha por las mejoras obtenidas en el texto legal, destacando que los cambios se hicieron de cara al sector cooperativista, escuchando sus planteamientos y con el fin de fomentar este sector que por muchos años había sido dejado de lado.
“Hoy es un día histórico para el sector cooperativo en Chile. Luego de tres años y diez meses de discusión, se aprobó el proyecto de ley que moderniza a estas empresas, junto con fomentar y facilitar su creación”, explicó Trusich.
La Subsecretaria recordó que “estamos materializando un compromiso del programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, actualizando una legislación de las cooperativas que funcionan con un modelo redistributivo, democrático y centrado en la persona. Esto es un avance muy importante para la economía social, que es una economía más humana y solidaria, acorde con el país más inclusivo que queremos construir”.
En la oportunidad, la autoridad valoró el apoyo transversal que logró el proyecto de ley tanto desde los parlamentarios, como de las cooperativas: “Los cambios que se aplicarán al sector gracias a este proyecto de ley, buscan tener un impacto social y económico en diversos ámbitos de actividad económica y social donde las cooperativas ocupan una posición de liderazgo. Cabe recordar que existen más de 1.300 empresas cooperativas, que asocian a más de 1,8 millones de personas, en sectores tan diversos que van desde el mundo agrario, pasando por la vivienda, el agua, la electrificación rural, el consumo, empleo, trabajo y servicios financieros”, destacó.
Principales cambios del proyecto de ley
Una vez que sea promulgada por la Presidenta de la República, esta ley implicará una serie de modificaciones a las que deberán adaptarse las cooperativas. Algunos de los cambios regirán una vez que sea publicada la ley, otros tendrán un plazo para aplicarse y en algunos casos, se deberán reglamentar los cambios, proceso que será revisado por la Contraloría.
Entre los aspectos más relevantes que contempla el texto, está la inclusión de una indicación de género que incorpora la participación de hombres y mujeres en los consejos directivos de forma proporcional a la conformación de las bases. Las cooperativas deberán ajustarse a esta norma en un plazo de tres años e incorporar esta disposición en sus estatutos sociales.
Con el objetivo de flexibilizar los requisitos para la constitución de cooperativas, se disminuirán de 10 a 5 el número de socios o socias exigidos para formar una nueva institución.
Todas las cooperativas se fortalecerán patrimonialmente, mediante la obligación de contar con una reserva legal de un 18% de su remanente anual lo que implicará mejoras en sus estados financieros.
En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito deberán aumentar su patrimonio mínimo necesario de 1.000 UF a 3.000 UF.
Las cooperativas que tengan 20 o menos socios podrán nombrar un gerente administrador y un inspector de cuentas y ya no será necesario que cuenten con consejo de administración ni junta de vigilancia.
Además, los socios personas jurídicas de una cooperativa no podrán percibir por sus cuotas de participación, intereses superiores o condiciones más ventajosas que los socios personas naturales.
Se equipara al 25% el porcentaje de descuentos por planilla para los trabajadores del sector privado, tanto como para el sector público.
