El proyecto incorpora medidas que nacieron desde el Ministerio de Economía para promover la participación de empresas de menor tamaño y cooperativas en el sistema de compras públicas.
Las medidas podrían aumentar las ventas de MiPymes y cooperativas en USD $300 millones al año.
La Sala del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que moderniza el sistema de compras públicas. Con ello, la iniciativa impulsada por los ministerios de Hacienda y Economía pasará a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Durante su tramitación en la comisión de Economía del Senado, el Ministerio de Economía trabajó en la incorporación de importantes medidas para promover la participación de empresas de menor tamaño y cooperativas en el sistema de compras públicas. Estas medidas aprobadas por la Sala del Senado permitirán aumentar en USD$300 millones las compras anuales que el Estado realiza a Mipymes, focalizándolas en proveedores locales.
En particular, el proyecto de ley crea un capítulo “De la promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y las cooperativas en el Sistema de Compras Públicas” que establece, entre otras cosas, la exclusividad del procedimiento de compra ágil para el sector de MiPymes y Cooperativas y el aumento del umbral de este procedimiento para la adquisición de bienes o servicios de 30 UTM a 100 UTM. Con ello, toda adquisición igual o inferior a dicho umbral deberá ser efectuada a través del mecanismo de compra ágil y proveído por una empresa de menor tamaño o una cooperativa, restringiéndose la recepción de ofertas por parte de grandes empresas, las cuales solo podrán postular si no se presentaron ofertas del segmento prioritario.
Además, la iniciativa legal busca establecer criterios de priorización hacia la compra regional, a través de la introducción de la definición de “proveedor local”. Con ello, los proveedores locales podrán ofertar en la zona geográfica de su preferencia, sin necesidad de requerir presencia nacional.
En relación con los convenios marco, el proyecto señala que serán solo para adquirir bienes o servicios con un monto superior a las 100 UTM, salvaguardando que contemplen criterios de evaluación que reconozcan la realidad de las Mipymes y cooperativas y no impliquen una discriminación hacia ellas. En caso de existir requisitos de evaluación o solvencia económica, éstos se deberán establecer de manera proporcional al objeto de la contratación, sin obstaculizar la participación de Mipymes y cooperativas. Además, se incorporan cláusulas de adjudicación por zonas geográficas para promover la participación de proveedores locales.
Adicionalmente, se contemplan medidas para promover la competencia y evitar la creación de empresas de papel a través de la creación de un Registro de Proveedores y se consagra a nivel legal la figura de Unión Temporal de Proveedores entre micro, pequeñas y medianas empresas, permitiendo que empresas de menor tamaño puedan competir en mejores condiciones frente a grandes empresas.
Por otro lado, un eje adicional que trabajó el Ministerio de Economía en el proyecto dice relación con la regulación de las compras públicas de innovación. Estas son, aquellas compras excepcionales que le permitirán a los organismos del Estado acceder a bienes y servicios innovadores para solucionar problemas complejos que hoy no tienen solución. Esto irá acompañado de la creación de un Comité de Compras Públicas de Innovación y la dictación de una política de compra pública de innovación que permitirá ordenar y evaluar el actuar del Estado como demandante de este tipo de productos.
