Se realizará un análisis de la regulación en tres sectores específicos, que se determinarán mediante un levantamiento de información en todo el país.
Santiago, 02 de julio de 2014. En el marco del cumplimiento de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo inició un proceso de diálogo con el sector privado en cada una de las regiones destinado a conocer sus inquietudes en materia de regulación y definir ámbitos específicos que podrían ser objeto de estudio.
De este modo, se concreta la medida 33 de la Agenda de Productividad, que compromete la implementación de una unidad especializada que velará por la eficacia de las regulaciones en el sector público. Para ello el Gobierno de Chile y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizarán un estudio sobre la coherencia y eficiencia del sistema regulatorio de nuestro país, lo que incluirá un intercambio de información entre el organismo internacional y las distintas organizaciones y reparticiones públicas involucradas. Esto permitirá identificar los principales problemas que enfrenta el sistema regulatorio en Chile y proponer alternativas de política pública necesarias para superarlos.
En forma paralela, y considerando las propuestas que entregue el sector privado, el Ejecutivo determinará tres sectores específicos o asuntos regulatorios transversales que se analizarán para determinar si la el proceso regulatorio potencia o impide que las políticas enfocadas en su desarrollo se implementen con eficacia y eficiencia.
“El objetivo de todo este esfuerzo es incrementar el bienestar de la población al facilitar el buen funcionamiento de los mercados, promover el emprendimiento, la innovación y la adopción de tecnología, atraer y promover la inversión, incrementar la productividad y mejorar la entrega de servicios públicos”, explicó el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes.
A diferencia del 93% de los países de la OCDE, Chile no cuenta con una política explícita que promueva a nivel de gobierno los cambios regulatorios, además de carecer de procedimientos formales de consulta cuando se prepara una nueva ley o normativa. Según el diagnóstico, no existe una institucionalidad que advierta la proliferación de normas con letra muerta o que satisfacen a un sector en particular, y que, por lo tanto, no consideran la diversidad de realidades del país.
“De ahí la necesidad de construir las capacidades del sector público para mejorar el proceso de elaboración, revisión y funcionamiento de la regulación, tanto en los aspectos administrativos como institucionales, en base a procesos participativos, transparentes y con altos grados de coordinación y eficiencia”, añadió el Ministro.
