Hasta 250 mil empleos permanentes podrían crearse en los próximos cuatro años en caso de que la totalidad de las iniciativas catastradas se materialicen en el periodo presidencial.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, encabezó la firma del decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y del proyecto de ley ‘Agenda Pro-Inversión I’.
Dichas iniciativas serán un impulso para la reactivación de la inversión en nuestro país, al agilizar y reducir los trámites que enfrentan actores tanto del sector público como privado.
“De esta manera, con esta Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, hemos declarado una verdadera guerra a la burocracia excesiva, a la negligencia, a la incompetencia, que muchas veces es lo que tiene a nuestro país paralizado”, afirmó el Jefe de Estado.
Respecto a los beneficios que traerán ambas iniciativas, el Ministro Valente aseguró: “Hemos hecho un catastro de 65 mil millones de dólares en proyectos que podrían desarrollarse durante los próximos cuatro años y, si esos proyectos efectivamente ven la luz, la generación de empleos permanente va a ser entorno a los 250 mil empleos de calidad”.
La Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables busca ser una instancia de coordinación con inversionistas para guiar los procesos que deben enfrentar los proyectos, independiente del monto que esté implicado.
El encargado de la Oficina GPS, Juan José Obach, dijo que “la idea es generar todas las coordinaciones tanto con los titulares de inversión como con los distintos servicios públicos que tienen a su cargo una misión de permiso para poder acelerar el proceso”.
Además, el decreto de la Oficina GPS establece la creación de un ‘Comité Interministerial’, compuesto por 16 secretarías de Estado y presidido por el Ministro Valente, que asesorará al Mandatario Sebastián Piñera en el seguimiento y control de gestión de los procesos de autorización y aprobación de las iniciativas de inversión.
Finalmente, se mandató a la Comisión Nacional de Productividad la realización de un nuevo estudio para continuar en la ‘desburocratización’ de los procesos con énfasis en la digitalización de trámites.