El mandatario detalló que se trata de una propuesta amplia y sustantiva y que considera crecer con justicia y sostenibilidad.
El Presidente Gabriel Boric, en cadena nacional, dio a conocer los detalles del Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar de Chile.
El pacto fiscal propuesto por el Gobierno es un conjunto de medidas que incluyen la modernización del Estado para fortalecer la transparencia del gasto público y una agenda para promover la inversión, productividad y el crecimiento.
En total, son 20 medidas de reforma del Estado y 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y proyectos de ley tributarios, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media.
Los ejes del pacto fiscal propuesto por el Gobierno consideran los siguientes puntos:
Queremos un sistema moderno, justo y eficiente, que entregue garantías a todos y todas de cómo usan sus impuestos, cuántas pensiones, educación financian, que les de certeza de que los que tienen más pagarán más, y que los inescrupulosos no tendrán facilidades para eludir.
En segundo lugar, hemos dialogado respecto a las necesidades y prioridades de gasto en favor de las chilenas y chilenos.
No se trata de gastar por gastar, tenemos prioridades y urgencias ciudadanos por financiar:
Para obtener los recursos necesarios proponemos el fortalecimiento de la administración tributaria y reforma del impuesto a la renta.
El Pacto Fiscal requiere no sólo un esfuerzo por generar los recursos adicionales requeridos, sino responder a la demanda ciudadana por un sistema tributario ético, justo, que apoye a quienes quieren cumplir con sus obligaciones y exija más a quienes tienen más.
Para este efecto, se propone estructurar el esfuerzo tributario en dos iniciativas, mejorando la eficiencia de la fiscalización y del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como una reforma de la tributación a la renta, tanto de empresas como de personas, en la perspectiva de elevar el aporte de las personas de mayores ingresos.
Esta iniciativa incluirá incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, así como beneficios para la clase media y el nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño para que la dueña del almacén, de la ferretería o el dueño de la panadería tenga una nueva normativa.
Estas modificaciones incluyen el desarrollo de una nueva ruta del emprendimiento, que facilitará la formalización, gestión, financiamiento y crecimiento de empresas de menor tamaño.
En cuarto lugar, impulsaremos el crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía. Daremos un nuevo impulso al crecimiento sostenido y sostenible de la economía a través de 38 iniciativas ligadas a la inversión, el aumento de productividad y la reducción de la informalidad.
En materia de inversiones, se proponen incentivos tributarios a la inversión en capital fijo y una agenda de reformas regulatorias para reducir en al menos un tercio los trámites para la aprobación de proyectos de inversión, sin disminuir los estándares medioambientales y sanitarios. Acelerar el tranco de los permisos es además fundamental para acelerar todas las inversiones que nuestro país requiere para tener una economía y una matriz energética verde.
En materia de productividad, se propone fortalecer los incentivos a la inversión de las empresas e investigación y desarrollo para aprovechar las oportunidades de nuestra economía en las áreas de minería sustentable, litio, energías renovables, hidrógeno verde y economía digital.
Por último, se incluyen 17 iniciativas para reducir la informalidad en la economía, tanto a través de la imposición de sanciones y controles a la actividad informal, como mediante incentivos y facilidades para la formalización de empresas.
En quinto lugar, se propone avanzar en reformas que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y la calidad de la entrega de servicios que ofrece el Estado. Así, durante los diálogos tributarios se han identificado 20 iniciativas entre las que destaca la consolidación de la evaluación de programas públicos coordinada por una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y un marco normativo común y permanente para todas las transferencias a organizaciones de la sociedad civil.
En materia de compras gubernamentales, se propone ampliar la cobertura de ChileCompra, ampliar el acceso de MIPYMEs y reducir el plazo de pagos del Estado a 20 días.
El Pacto Fiscal incluye un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los compromisos que se asuman, de modo de tener la seguridad de que las cosas se hagan a tiempo, se hagan bien, y den los resultados esperados.
