Con el objetivo de promover una relación más simétrica entre las empresas en materia de pago una vez que realizan la venta de sus productos o la prestación de sus servicios a otra, la Ley de Pago a 30 Días establece plazos certeros, regula el no cumplimiento de los mismos, garantiza el derecho a la aplicación de intereses por mora y el derecho a indemnización y, por último, califica como cláusula abusiva a cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en esta normativa.